La era digital está aquí y está generando una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad, basado fundamentalmente en la capacidad de intercambio directo y en la libre aportación de contenidos y conocimiento.
Internet no solo ha conseguido que los periódicos lleguen tarde, que las audiencias en televisión se estanquen, al igual que sucede en la radio, y que unos y otros pierdan el poder de silenciar aquello que no interesa. También ha logrado generar un sistema de información global y compartida, en donde la manipulación es cada vez más difícil y en el que el ciudadano cobra un nuevo protagonismo dejando de ser parte de la masa indiferenciada para convertirse en ciberciudadanía.
El nuevo escenario tecnológico hace posible un diálogo entre los ciudadanos entre sí y con los poderes públicos, en el que la figura del intermediario o representante pierde sentido, y eso sucede tanto en el terreno económico como en el político. Por eso creemos que la democracia representativa debe ajustarse a los nuevos tiempos y volverse más participativa, más directa, mas informacional, mas solidaria y global en consonancia con la sociedad emergente.
Desde esta perspectiva, la regulación de las tecnologías de la comunicación e información es el nuevo campo de batalla en donde se libra la lucha por los derechos civiles y queremos llamar la atención sobre determinados puntos:
1º.- EL PAQUETE TELECOM
En el momento actual, ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo es obligatorio referirnos al debate iniciado en julio de 2008 sobre el paquete TELECOM, que no está resultando nada pacífico.
El objeto básico del paquete es el nuevo espectro radioeléctrico europeo y la nueva red de banda ancha que se liberará de aquí a 2012 y permitirá que sea utilizada por los distribuidores de Internet, accediendo a una transmisión aún más rápida de información y más barata. Algo que no debería suponer ningún problema.
Sin embargo, mediante enmiendas de última hora que nada tenían que ver con el objeto de las medidas, pretendieron torpedear las libertades civiles en la red ya que proyectaban que las autoridades reguladoras nacionales pudieran imponer a los ISPs la obligación de trabajar conjuntamente con la “policía privada” de los productores de contenidos y de las gestoras de derechos de autor, para monitorizar a los usuarios cuando accedan a sitios “no seguros”, vaciando a los Jueces y los Tribunales de Justicia de sus competencias a favor de actores privados y “medidas técnicas” de vigilancia y filtrado o la llamada “computación de confianza”
Los grupos de defensa de derechos civiles en la red de toda Europa nos hemos opuesto frontalmente a estas medidas y por el momento hemos logrado frustrar el proyecto liberticida, pero no desisten. ¡Necesitamos tu ayuda¡
Vía: www.internautas.org
